Valle del Mezquite enciende las alertas: ¿y Chulavista y Puerto Nuevo?
Mientras el Congreso de Baja California Sur exige atención urgente para familias de un desarrollo habitacional de La Paz, en Los Cabos permanecen pendientes las historias de Chulavista y Puerto Nuevo, donde en 2017 el colapso de edificios puso al descubierto los riesgos de construir y habitar viviendas en zonas vulnerables.
El llamado de la XVII Legislatura para atender la situación de los conjuntos habitacionales de Valle del Mezquite, en La Paz, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos desarrollos habitacionales con problemas estructurales existen en Baja California Sur y qué ha ocurrido con aquellos casos que ya fueron denunciados desde hace años?
En el Congreso del Estado, la diputada Karina Olivas Parra, del PT, advirtió sobre la situación que enfrentan habitantes de Valle del Mezquite, donde se han registrado desprendimientos, grietas, hundimientos, socavones y otras deficiencias de construcción.
La preocupación no es menor. De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, dictámenes técnicos elaborados por Protección Civil en 2022 y 2026 recomendaron el desalojo de los inmuebles ante el riesgo para sus habitantes.
Las familias comenzaron a reportar problemas poco tiempo después de recibir sus viviendas, entre 2017 y 2018. Desde 2019, los afectados han acudido a instancias como el INFONAVIT y la PROFECO y emprendido acciones legales, sin que hasta ahora hayan encontrado una solución definitiva.
La situación volvió a quedar expuesta después de las lluvias del pasado lunes 31 de agosto, cuando se desprendió una sección de la parte superior de uno de los edificios.
“Son familias que viven con miedo dentro de su propio hogar”, señaló Olivas Parra desde la tribuna, al advertir que quienes adquirieron esas viviendas mediante créditos hipotecarios tienen derecho a esperar que su patrimonio sea seguro y no una fuente permanente de incertidumbre.
Por ello, el Congreso aprobó por unanimidad exhortar al INFONAVIT, a la PROFECO y a la Subsecretaría de Protección Civil para que intervengan de manera urgente, revisen la situación particular de cada crédito y determinen qué seguros y mecanismos de protección pueden hacerse efectivos, incluidos los seguros de calidad de vivienda y de daños.
También se planteó analizar alternativas de reubicación para evitar que una emergencia termine convirtiéndose en una tragedia.
El llamado encontró respaldo de distintas fuerzas políticas. Arlene Moreno pidió que los desarrollos habitacionales sean planeados y construidos bajo criterios de prevención, al considerar que este tipo de problemas terminan afectando principalmente a las familias con menos recursos.
Sergio Guluarte llamó a buscar soluciones de fondo sustentadas en dictámenes técnicos, mientras que Erick Agúndez planteó incorporar a la mesa a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado para determinar si existen responsabilidades.
Por su parte, Fabrizio del Castillo sostuvo que la prioridad debe ser resolver el problema de las familias afectadas, hacer valer los seguros correspondientes y exigir que la empresa responsable responda por las condiciones de las viviendas.
Pero mientras Valle del Mezquite vuelve a ocupar la agenda legislativa, en Los Cabos existen antecedentes que difícilmente pueden ignorarse.
Chulavista y Puerto Nuevo: una historia que no debería repetirse
En septiembre de 2017, durante el paso de la tormenta tropical Lidia, edificios habitacionales de los desarrollos Chulavista, en Cabo San Lucas, y Puerto Nuevo, en San José del Cabo, colapsaron.
Los inmuebles tuvieron que ser evacuados y el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de determinadas zonas habitacionales ante las lluvias y los escurrimientos.
El propio Gobierno de Baja California Sur y documentos de planeación municipal han utilizado posteriormente estos hechos como referencia de los riesgos asociados a inundaciones y a la problemática de infraestructura pluvial existente en esas zonas.
El caso de Chulavista, además, no terminó con el colapso de aquellos edificios.
A lo largo de los años, residentes han denunciado distintas problemáticas relacionadas con viviendas e infraestructura del desarrollo, entre ellas daños en inmuebles, grietas, problemas de servicios y deficiencias en obras para el manejo de aguas pluviales.
Uno de los puntos más sensibles ha sido precisamente el canal pluvial de Chulavista, infraestructura que ha sufrido daños y que ha tenido que ser intervenida en distintas ocasiones.
Después de los acontecimientos de 2017 también surgieron cuestionamientos sobre la ubicación de determinados edificios, el comportamiento de los escurrimientos y la afectación que el agua pudiera generar sobre los terrenos y las cimentaciones.
Y aquí aparece una coincidencia que resulta difícil pasar por alto con el caso de Valle del Mezquite: la necesidad de contar con estudios técnicos adecuados antes de permitir que las familias ocupen y financien durante décadas una vivienda.
En 2020, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil realizaron recorridos por obras preventivas en Chulavista y Puerto Nuevo. Las acciones estaban destinadas precisamente a reducir riesgos relacionados con fenómenos hidrometeorológicos.
La intervención de las autoridades federales incluyó obras de mitigación para ambas zonas habitacionales, con una inversión reportada de 85.4 millones de pesos y beneficio estimado para alrededor de 1,500 familias.
Sin embargo, el antecedente de los edificios colapsados dejó una pregunta de fondo que sigue siendo relevante: ¿qué falló antes de que esas familias recibieran las viviendas y quién debía haber detectado los riesgos?
De los vicios ocultos a las responsabilidades
En el caso de Chulavista existen además antecedentes de propietarios que han señalado presuntos vicios ocultos y deficiencias en las viviendas, así como personas que buscaron devolver sus departamentos ante las condiciones en que se encontraban.
También fueron reportadas denuncias ante las autoridades de procuración de justicia por parte de propietarios afectados después de los colapsos.
No obstante, hablar de responsabilidades concretas requiere algo más que testimonios: se necesitan peritajes, expedientes, contratos, licencias, estudios de mecánica de suelos, estudios hidrológicos, dictámenes estructurales y, sobre todo, conocer qué determinaron finalmente las autoridades respecto de las denuncias presentadas.
Es justamente ahí donde la discusión sobre Valle del Mezquite adquiere una dimensión mayor.
Porque si hoy el Congreso exige que se revisen seguros, créditos hipotecarios, responsabilidades empresariales y alternativas de reubicación para familias que viven entre grietas, hundimientos y desprendimientos, la misma lupa debería aplicarse a los desarrollos habitacionales de Los Cabos que llevan años acumulando señalamientos y antecedentes de riesgo.
No se trata de establecer de manera anticipada que todos los problemas tienen el mismo origen ni de atribuir responsabilidades sin peritajes. Se trata de preguntar por qué familias que adquirieron una vivienda mediante un crédito institucional terminan enfrentando problemas que pueden comprometer la seguridad de su patrimonio.
La pregunta pendiente para Los Cabos
Valle del Mezquite ha vuelto a colocar en el centro del debate la obligación de las autoridades de actuar antes de que ocurra una tragedia.
Y en Los Cabos existen dos nombres que forman parte de esa memoria reciente: Chulavista y Puerto Nuevo.
Ambos desarrollos ya tienen un antecedente que debería ser suficiente para mantenerlos bajo vigilancia permanente: edificios que colapsaron durante un fenómeno meteorológico y familias que tuvieron que abandonar sus hogares.
A casi una década de aquel episodio, sería pertinente conocer con precisión qué quedó resuelto, qué permanece pendiente, qué edificios fueron sometidos a nuevos peritajes, qué obras de mitigación se realizaron, qué ocurrió con las denuncias de los propietarios y si actualmente existen inmuebles que continúan representando algún riesgo.
Porque una vivienda adquirida con un crédito hipotecario no debería convertirse en una apuesta por la seguridad de una familia.
Y si el Congreso considera urgente intervenir cuando existen grietas, hundimientos, socavones y desprendimientos en Valle del Mezquite, también resulta válido preguntar: ¿cuándo llegará el turno de revisar a fondo lo que ocurre en Chulavista y Puerto Nuevo?
