Ley de inclusión en BCS: derechos reconocidos, pero persisten barreras para las personas con discapacidad
Transporte inaccesible, obstáculos en la vía pública, dificultades para acceder a educación y salud, y una participación laboral todavía limitada forman parte de los principales señalamientos realizados en Baja California Sur.
La Paz, B.C.S.— La Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur establece desde 2014 un amplio catálogo de derechos y obligaciones para garantizar la inclusión, accesibilidad y no discriminación de este sector. El texto vigente, reformado por última vez el 30 de junio de 2025, establece que sus disposiciones son de observancia obligatoria en todo el estado.
Sin embargo, los señalamientos realizados por personas con discapacidad, organizaciones y participantes del Parlamento Inclusivo muestran que persiste una brecha entre lo que establece la legislación y las condiciones que enfrentan diariamente miles de sudcalifornianos.
Uno de los principales focos de preocupación es la accesibilidad y movilidad urbana. En el VII Parlamento Inclusivo 2025, participantes denunciaron que el transporte público continúa representando una barrera para las personas con discapacidad y señalaron la falta de señalética auditiva y táctil en espacios públicos.
El señalamiento adquiere relevancia porque la propia legislación establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad y contempla como actos discriminatorios la falta de ajustes razonables en el transporte público, así como la existencia de barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados con acceso al público.
La normativa también responsabiliza a las autoridades estatales y municipales de implementar las acciones necesarias para cumplir la ley.
Transporte y calles, entre las principales barreras
Las dificultades no se limitan al transporte. En las discusiones legislativas y ejercicios de participación ciudadana se han señalado problemas relacionados con banquetas, rampas, señalización y condiciones que dificultan el desplazamiento autónomo.
El propio marco legal establece obligaciones específicas para que los proyectos de infraestructura y espacios públicos contemplen accesibilidad y para evitar obstáculos que puedan poner en riesgo o impedir el desplazamiento de las personas con discapacidad.
La existencia de estas disposiciones contrasta con los reclamos expresados en el Parlamento Inclusivo, donde los participantes demandaron pasar de acciones aisladas a una verdadera accesibilidad universal.
Empleo: la ley contempla una cuota, pero aún se busca hacerla efectiva
Otro de los pendientes señalados se encuentra en el ámbito laboral.
La legislación estatal contempla la incorporación progresiva de personas con discapacidad al mercado laboral. Sin embargo, en agosto de 2026 fue presentada en el Congreso una iniciativa para establecer un plazo que permita alcanzar al menos 3% de personas con discapacidad en las plantillas laborales de ayuntamientos, poderes del Estado y determinados sectores privados para enero de 2030.
La propia presentación de esta iniciativa refleja que el cumplimiento efectivo de la inclusión laboral continúa siendo materia de discusión legislativa.
Educación y salud también presentan desafíos
En materia educativa, durante 2026 se presentó una iniciativa para ampliar y garantizar el alcance de la educación inclusiva en Baja California Sur, argumentando la necesidad de asegurar igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto, en el Parlamento Inclusivo de 2025 se denunciaron dificultades para acceder a servicios especializados de salud, particularmente en municipios y comunidades alejadas de los principales centros urbanos. Entre los planteamientos se mencionó la necesidad de mejorar el diagnóstico oportuno de condiciones del neurodesarrollo.
La propia ley contempla sanciones
El problema tampoco puede atribuirse a la inexistencia de mecanismos legales.
La Ley Estatal establece que los actos u omisiones discriminatorios cometidos por servidores públicos estatales o municipales pueden generar responsabilidad administrativa, mientras que los actos discriminatorios cometidos por particulares también pueden ser sancionados conforme a la legislación aplicable.
Además, la legislación creó el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD) y le asignó, entre otras funciones, aplicar y vigilar el cumplimiento de la propia ley.
El Gobierno estatal, por su parte, reporta acciones recientes del ISIPD como la incorporación de mil 872 personas al padrón estatal, 98 apoyos funcionales, 743 placas para cajones exclusivos y 596 traslados al CREE La Paz, además de actividades de sensibilización.
No obstante, los reclamos ciudadanos muestran que la existencia de programas y apoyos no ha eliminado las barreras estructurales.
El reto: pasar de la ley a su cumplimiento
La Ley Estatal define la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena como principios que deben regir las políticas públicas.
El contraste entre esas obligaciones y los señalamientos realizados en materia de transporte, infraestructura, educación, salud y empleo coloca el cumplimiento efectivo de la legislación como uno de los principales retos para Baja California Sur.
Más que la ausencia de derechos en la ley, el desafío está en determinar qué autoridad está cumpliendo, qué obligaciones permanecen pendientes, cuántas denuncias se han presentado y cuántas han terminado en medidas correctivas o sanciones.
En una entidad donde el propio Gobierno estatal reporta un registro de 35 mil 383 personas con discapacidad, la discusión sobre accesibilidad e inclusión no es menor: representa una obligación legal que involucra a los gobiernos estatal y municipales y que, de acuerdo con los propios testimonios recogidos por el Congreso, todavía enfrenta importantes obstáculos.
La pregunta que queda abierta es concreta: ¿qué tanto se está cumpliendo en Baja California Sur una ley que lleva más de una década reconociendo estos derechos?
