Conagua autoriza 425 millones de litros a Coca-Cola mientras familias de Cabo San Lucas siguen sin agua
En medio de la crisis hídrica que afecta a miles de habitantes de Los Cabos, la delegación de Conagua en Baja California Sur otorgó una concesión de agua subterránea para uso industrial equivalente a 425 millones de litros anuales a una empresa vinculada con Coca-Cola.
La decisión ha generado cuestionamientos debido a que, mientras numerosas colonias de Cabo San Lucas enfrentan periodos de hasta 30 y 40 días sin recibir agua potable en sus hogares, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó un importante volumen de extracción para la industria refresquera.
De acuerdo con el Título de Concesión número 858327, firmado por el director local de Conagua en Baja California Sur, Julio César Villarreal Trasviña, la empresa Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V. recibió autorización para explotar 425 mil metros cúbicos de aguas nacionales subterráneas por año, equivalentes a 425 millones de litros, durante un periodo de seis años.
El aprovechamiento autorizado se localiza en el acuífero La Paz, una región donde también existen reportes recurrentes de problemas de abastecimiento en distintas colonias de la capital sudcaliforniana.
La situación cobra relevancia debido a que, según diversos señalamientos, mientras se entregan concesiones para uso industrial, las autoridades municipales de Los Cabos han enfrentado obstáculos para obtener permisos destinados a la exploración y extracción de agua para consumo humano.
Incluso, algunos pozos han sido clausurados por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con permisos y actualizaciones documentales.
Registros comerciales identifican a Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V. como una empresa relacionada con la operación de Coca-Cola en la entidad, por lo que el volumen autorizado estaría destinado a procesos industriales de producción y no al abastecimiento de la población.
Actualmente, gran parte de la solución a la crisis de agua en Los Cabos está depositada en la construcción de la segunda planta desaladora, proyecto que se prevé entre en operación hasta finales de 2026 o incluso durante 2027.
Mientras tanto, miles de familias continúan dependiendo del servicio de pipas o de tandeos prolongados.
La controversia también surge en el contexto de las recientes reformas en materia hídrica a nivel nacional, donde se establece como prioridad el derecho humano al agua y el abastecimiento para consumo doméstico.
La legislación contempla mecanismos para limitar o modificar concesiones cuando existan escenarios de escasez que pongan en riesgo el suministro básico a la población.
El tema, se centra en el debate sobre la distribución y aprovechamiento de los recursos hídricos en Baja California Sur, una de las entidades con mayor estrés hídrico del país, donde la demanda de agua para uso doméstico, turístico e industrial continúa creciendo año con año.
