ONU lleva crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General; CED advierte indicios de posibles crímenes de lesa humanidad
El Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención para solicitar que la situación mexicana sea examinada por la Asamblea General. El Gobierno federal cuestionó la interpretación del organismo y defendió sus acciones de búsqueda.
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.— La crisis de personas desaparecidas en México llegó este martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el informe anual del organismo y reiteró la necesidad de que la situación del país sea examinada por la comunidad internacional.
La presentación se produce después de que el Comité recurriera, por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al procedimiento establecido en su artículo 34, con el propósito de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General.

En su decisión del 17 de abril de 2026, el organismo señaló que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose en México de manera generalizada o sistemática, y que algunos de estos hechos podrían reunir características de crímenes de lesa humanidad.
El Comité fundamentó su determinación en el análisis de información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes recopilados desde 2012. La evaluación constituye un pronunciamiento del organismo internacional y no una sentencia judicial que determine por sí misma la responsabilidad penal de personas específicas.

Durante la presentación ante Naciones Unidas, Albán destacó que el procedimiento puede abrir nuevas posibilidades de cooperación internacional para fortalecer las labores de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas y sus familiares.
Gobierno mexicano rechaza interpretación del Comité
Por su parte, el Gobierno de México reiteró su desacuerdo con la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención, así como con las conclusiones del organismo respecto de la situación nacional.
Durante su intervención ante la Tercera Comisión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que el Estado mexicano mantiene una política de diálogo y cooperación internacional, y afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional.
Las autoridades federales también han defendido las medidas emprendidas para fortalecer la búsqueda inmediata, la investigación ministerial, la identificación humana y la coordinación entre instituciones.
El pasado 16 de octubre, el Gobierno mexicano presentó ante organismos internacionales los avances de su Estrategia Nacional de Búsqueda y dio a conocer la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Reportan más de 16 mil personas localizadas durante 2026
En el marco de este debate, el Gobierno federal informó que durante 2026 se ha logrado localizar a más de 16 mil personas mediante acciones de búsqueda y cruces de información entre registros administrativos.
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada reconoció los avances reportados por México y pidió que los esfuerzos de cooperación con otros países y organismos internacionales tengan continuidad.
No obstante, la cifra de personas localizadas debe distinguirse del total de personas que permanecen desaparecidas o no localizadas. Además, el dato de localizaciones, por sí solo, no permite establecer cuántos casos corresponden a personas encontradas con vida ni cuántas investigaciones han concluido con el esclarecimiento de los hechos.
Las cifras oficiales sitúan el registro nacional por encima de las 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, aunque su dimensión exacta depende de la fecha de corte y de los criterios utilizados para integrar y actualizar la base de datos.
¿Qué implica el procedimiento ante la ONU?
El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar urgentemente una situación a consideración de la Asamblea General cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática.
La activación de este mecanismo representa un paso excepcional en el seguimiento internacional de la crisis mexicana y puede contribuir a impulsar medidas de asistencia y cooperación especializada.
Sin embargo, la presentación del caso ante la Asamblea General no significa que se hayan impuesto sanciones a México ni que exista una resolución definitiva del órgano multilateral que establezca responsabilidad internacional del Estado.
El desarrollo posterior dependerá de las deliberaciones y decisiones que adopte la Asamblea General, así como de las medidas que acuerden las autoridades mexicanas y los organismos internacionales.
Mientras persiste el intercambio de posiciones entre el Gobierno y el Comité, las familias de personas desaparecidas mantienen la exigencia de conocer el paradero de sus seres queridos, acceder a la verdad y obtener justicia.
Fuentes: Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, decisión CED/C/MEX/A.34/D/1 del 17 de abril de 2026; Secretaría de Gobernación, comunicados del 14 y 16 de octubre de 2026; y cobertura de La Jornada y Animal Político del 20 de octubre de 2026.

